La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado luz verde a una normativa que proporciona un marco específico para las tecnologías robóticas e inteligentes, significando un paso histórico en el progreso jurídico del país hacia la digitalización. La reciente Ley de Tecnologías Robóticas e Inteligencia Artificial recibió un respaldo mayoritario en el cuerpo legislativo y tiene el propósito de definir pautas precisas para la creación, desarrollo, comercialización, implementación y supervisión de estas tecnologías en el ámbito nacional.
La ley abarca tanto a fabricantes como a desarrolladores, importadores, distribuidores, prestadores de servicios y usuarios finales de sistemas robóticos e inteligentes. Asimismo, establece categorías para distinguir entre sistemas autónomos, semiautónomos y controlados, y propone criterios de evaluación del riesgo que representen para las personas, el medio ambiente y los derechos fundamentales.
Uno de los elementos más destacados del texto legislativo es la creación del Registro Nacional de Tecnologías Robóticas, una base de datos obligatoria donde deberán inscribirse todos los sistemas que operen en el país. Esta medida pretende facilitar el control estatal, fomentar la trazabilidad de las aplicaciones tecnológicas y brindar garantías tanto al sector público como al privado.
Además, se establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto antes de poner en funcionamiento ciertos dispositivos o plataformas, especialmente aquellos diseñados para operar en entornos sensibles como hospitales, centros educativos, instalaciones industriales, infraestructuras críticas y espacios públicos.
En términos éticos, la legislación introduce principios orientadores como la no discriminación algorítmica, el respeto a la privacidad, la soberanía de los datos personales, y la transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizadas. También se prevé la implementación de auditorías técnicas y la creación de códigos de conducta para desarrolladores y empresas del sector tecnológico.
Desde el punto de vista económico, la ley busca estimular la innovación mediante un marco legal que dé certidumbre jurídica a inversionistas, universidades y centros de investigación. Se contempla la promoción de políticas públicas para el desarrollo de talento humano especializado, así como incentivos para la inversión en proyectos locales de robótica e inteligencia artificial.
El articulado también contempla mecanismos sancionatorios ante el uso indebido de estas tecnologías, que pueden incluir desde multas hasta la revocación de licencias de operación. Además, se establecen normas específicas para el manejo de errores, fallas técnicas y posibles daños provocados por sistemas inteligentes.
Los impulsores de la ley subrayan que esta no busca frenar la innovación, sino orientar su desarrollo dentro de un marco responsable que proteja a los ciudadanos y promueva un entorno competitivo. En ese sentido, se hace un llamado a las universidades, empresas tecnológicas y entidades de la sociedad civil a involucrarse activamente en la elaboración de los reglamentos que deberán complementar esta normativa.
Organismos estatales vinculados al área tecnológica, como el Ministerio de Innovación y la Superintendencia de Competencia, tendrán un rol central en la implementación y fiscalización de la ley. Se espera que en los próximos meses se inicie un proceso de socialización con los distintos actores del ecosistema digital para definir los lineamientos específicos de aplicación.
Esta reciente normativa posiciona a El Salvador como líder en regulación tecnológica en América Latina, en un escenario donde el progreso en inteligencia artificial, automatización y robótica está cambiando rápidamente la economía, la educación, la salud y el día a día.
Con esta apuesta, el país busca consolidar un modelo de desarrollo tecnológico que sea a la vez inclusivo, ético y competitivo, adaptado a los desafíos del siglo XXI y alineado con las mejores prácticas internacionales.
