El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La iniciativa fue impulsada por el partido del presidente Nayib Bukele y recibió el respaldo de 57 de los 60 diputados, en una votación realizada sin debate previo y en un proceso acelerado.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la disposición que prohibía la reelección inmediata del presidente, lo que permitirá a Bukele postularse para un nuevo período de forma indefinida. Además, se suprime la segunda vuelta electoral, lo que implica que el candidato que obtenga la mayoría de votos, aunque no sea absoluta, será proclamado presidente. Asimismo, se estipula que el próximo mandato presidencial será de seis años en lugar de cinco, como establece actualmente la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el gobierno se afirmó que la modificación refuerza la democracia al permitir que los salvadoreños tengan la opción de volver a elegir a sus líderes sin limitaciones. Parlamentarios cercanos al Ejecutivo indicaron que la reelección ilimitada ya es una realidad en otros ámbitos del gobierno, como en municipios o escaños legislativos, y que este ajuste solamente amplía esa opción al puesto presidencial.
No obstante, la reforma ha encontrado una oposición significativa de diversos sectores políticos, entidades defensoras de derechos humanos y expertos en política, quienes perciben que es un avance hacia el fortalecimiento de un sistema autoritario. Los detractores señalan que suprimir los límites a la reelección sin un debate exhaustivo y sin incluir a la población en la consulta supone un retroceso en términos de democracia.
Voces opositoras señalaron que la aprobación de la reforma sin discusión pública ni mecanismos participativos vulnera principios fundamentales del Estado de derecho. También se denunció la falta de transparencia en el procedimiento y la concentración de poder en el Ejecutivo, que ya cuenta con amplio dominio sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde el año 2021, tras la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte del Congreso, se ha reportado un debilitamiento continuo de los controles institucionales en El Salvador. La decisión posterior de la renovada Corte Suprema que permitió la reelección inmediata fue percibida como una continuación de esa misma dirección.
El apoyo de la comunidad internacional ha sido inconsistente. Algunos gobiernos han mostrado inquietud por el rumbo autoritario en El Salvador, mientras que otros han subrayado su respeto hacia las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aceptadas por una Asamblea elegida de manera democrática.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y otras entidades defensoras de la democracia alertaron sobre los riesgos que conlleva la reelección indefinida, recordando experiencias similares en otras naciones latinoamericanas donde este tipo de reformas derivaron en crisis institucionales y pérdida de libertades civiles.
Aunque el presidente Bukele aún no ha declarado de manera formal su deseo de presentarse para otro período, la enmienda manifiestamente permite esa opción. Su respaldo se enfoca en su estrategia de seguridad que ha disminuido significativamente la violencia con acciones extraordinarias, como el continuo estado de excepción, mejorando su aceptación entre los votantes.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La reforma constitucional aún requiere una segunda aprobación legislativa en la próxima legislatura para quedar plenamente vigente, según lo establece la misma Carta Magna. No obstante, dada la composición actual del Congreso y el respaldo político con el que cuenta el presidente, es previsible que esta segunda aprobación se concrete sin mayores obstáculos.
El cambio en el sistema político salvadoreño con esta reforma representa un momento crucial para la nación, cuyo futuro estará determinado en gran parte por la manera en que se apliquen estas modificaciones y por la habilidad de los agentes democráticos para organizar una respuesta institucional que mantenga el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
