Italia ha introducido nuevas reformas importantes en los requisitos para obtener la ciudadanía, impactando mayormente a los descendientes de italianos en América Latina. Estos cambios pretenden definir límites más claros en el proceso de naturalización y prevenir potenciales abusos relacionados.
Modificaciones en los requisitos para obtener ciudadanía
Cambios en los criterios de ciudadanía
Efectos en América Latina
Esta modificación afecta significativamente a naciones de América Latina como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, donde una notable diáspora italiana se asentó entre los siglos XIX y XX. Por ejemplo, en 2024, aproximadamente 30,000 argentinos adquirieron la ciudadanía italiana, destacando el fuerte vínculo entre Italia y América Latina.
Motivación y metas de la modificación
El gobierno italiano argumenta que estas modificaciones son necesarias para «prevenir abusos» y asegurar que la ciudadanía represente un vínculo significativo. Antonio Tajani, Ministro de Relaciones Exteriores, destacó que «la ciudadanía debe ser tomada con seriedad». Asimismo, las autoridades intentan alinear los criterios italianos con los de otros países europeos y liberar recursos consulares para centrarse en aquellos que tienen conexiones genuinas con Italia.
Transición y acciones complementarias
Transición y medidas adicionales
Los procedimientos de reconocimiento de ciudadanía se centralizarán en una oficina específica en Roma, separándose de las funciones consulares tradicionales. Esta oficina tiene previsto comenzar a operar plenamente dentro de un año, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir las cargas administrativas en los consulados.
Excepciones y medidas complementarias
Aunque las nuevas reglas son más restrictivas, aquellos que hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 mantendrán los criterios anteriores. Además, se implementarán medidas para que los italianos residentes en el exterior mantengan vínculos activos con Italia, como participar en procesos electorales, renovar documentos oficiales o registrar nacimientos en el país. De no cumplir con estas acciones cada 25 años, los descendientes podrían perder la posibilidad de solicitar la ciudadanía en el futuro.
